Son ya unos cuantos casos en los que nos hemos encontrado con que el arrendatario desiste unilateralmente del contrato de arrendamiento suscrito, entregando las llaves de la vivienda pero ocultando que en el inmueble hay otras personas que no están dispuestas a entregar la posesión del bien. Con esta actuación el obvio que se pretende salir indemne de la relación contractual dejando en manos del propietario la labor de desalojar a los moradores que se mantienen.

 

Debemos tener presente que el artículo 11 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, faculta al arrendatario a desistir del contrato tras cumplir los primeros seis meses, siendo el literal de este precepto el siguiente:

 

Artículo 11. Desistimiento del contrato.

El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días. Las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización.

 

Esta prerrogativa, para que tenga plenos efectos la voluntad de poner fin al alquiler, debe ir acompañada de la devolución de la cosa arrendada, tal y como expresamente se impone en el artículo 1.561 del Código Civil, que indica que:

 

El arrendatario debe devolver la finca, al concluir el arriendo, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable. 

 

Es preciso por tanto que de forma efectiva entregue el inmueble al arrendador, pues solo desde ese momento quedará liberado de las obligaciones asumidas en el contrato. En este sentido son reiterados y concluyentes los pronunciamientos de nuestros Juzgados y Tribunales, siendo muestra, entre otras muchas, las Sentencia de la sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, nº 92/2019, de 7 de febrero (que os aporto al final de esta entrada) y la dictada por la sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid, nº 152/2017, de 5 de mayo, en la que afirma que:

 

"Por otro lado, imponiendo el artículo 1561 del Código Civil al arrendatario la obligación de "devolver" la finca al concluir el arriendo, significa que las obligaciones propias del contrato subsisten en tanto el arrendatario no desista de la ocupación, mediante un acto devolutivo de la posesión al arrendador, sin que baste con el mero desalojo, devolución que únicamente se entiende producida cuando la finca es puesta de nuevo en poder y posesión del arrendador, normalmente mediante la devolución de las llaves u otro acto de tradición ficticia, en aplicación de la doctrina de los artículos 1462 y 1463 del Código Civil, entrega que lo mismo puede hacerse al arrendador o a persona por él autorizada, en aplicación de las normas sobre el cumplimiento de las obligaciones de los artículos 1162 y 1163, párrafo segundo, del Código Civil."

 

En la actualidad es frecuente que la parte arrendataria, contraviniendo lo expresamente dispuesto en el contrato de arriendo, subarriende alguna habitación del inmueble o introduzca a familiares y allegados, quienes una vez sea preciso devolver el inmueble a su propietario se nieguen a abandonarlo, generando una situación que en ocasiones puede tener una difícil solución.

 

Llegado el caso en el que se pretenda desistir del contrato, nuestro consejo es que ello no se acepte hasta en el momento en el que se entregue el inmueble y, de no hacerse así, se le exprese por escrito y de forma fehaciente, que seguirá siendo responsable mientras la vivienda se encuentre a su disposición o a la de las personas por él introducidas en al misma.

 

Si pese a lo anterior optase por intentar desvincularse del arriendo, el arrendador dispone, al menos, de dos cauces para recobrar la posesión del bien, bien a través de un desahucio por precario frente a la persona o personas que se mantienen en el inmueble o, una vez, que se haya incurrido en el impago de una mensualidad de renta, mediante un desahucio por falta de pago del alquiler, pues este procedimientos arrastra a todos los que compartan el uso del inmueble (art. 704.2 LEC) con autorización del arrendatario, independientemente del motivo por el que lo hubiesen hecho, ya fuera por un subarriendo (art. 8.2 LAU El derecho del subarrendatario se extinguirá, en todo caso, cuando lo haga el del arrendatario que subarrendó)  o por la mera tolerancia de este.

 

Si la ocupación hubiese sido por otros cauces podéis ampliar la información, pulsando aquí.

 

Os mostramos dos procesos en los que la propiedad al intentar acceder al inmueble se encontró que estaba ocupado por personas que accedieron por autorización de la parte arrendataria, uno resuelto a través de un desahucio por precario y el otros por impago de rentas.

 

Espero sea de vuestro interés.